LA ECONOMÍA POLÍTICA DE CAMBIEMOS
Los primeros 10 días de Mauricio Macri en la Casa Rosada proveen algunos insumos para hacer una proyección, aunque más no sea preliminar y tentativa, sobre cómo será la economía política de Cambiemos. Está claro que el Gobierno reconoce las urgencias que tiene la economía y cree que hay que implementar cambios rotundos en el régimen económico y, por lo tanto, en las políticas económicas.
Es una diferencia clara, y alentadora, con respecto a la Alianza, que pretendía sostener un régimen cambiario insostenible. Asimismo, es alentador que el equipo económico no se limita a denunciar la grave herencia recibida sino que implementa cambios contundentes para revertir el curso de una economía estancada desde 2011 y cuyos fundamentals se han deteriorado considerablemente. Tampoco intenta, y esto también es alentador, prolongar los desequilibrios, como sostenía que haría el candidato del FpV.
La pronta eliminación del cepo cambiario, que sorprendió por su éxito (inicial, al menos) y por su rapidez, fue el principal hito. La concepción que subyace detrás de la medida del equipo económico es que debe ser el mercado el que determine el precio de la divisa. Asimismo, la eliminación de los encajes para el ingreso de capitales revela su creencia en la libre circulación de los mismos. Una lógica similar subyace a la eliminación de las retenciones y los cupos para las exportaciones. El Gobierno cree que estos instrumentos, en desuso en el mundo, son castigos a la producción. La clave para cuidar la mesa de los argentinos, en cambio, es aumentar la oferta.
El compromiso que tenga el equipo económico con recuperar el equilibrio en las cuentas públicas y revertir el régimen de dominancia fiscal será la próxima prueba ácida. Todo indica que hacia allí irá, aunque con gradualismo, a sabiendas de los efectos negativos que puede tener esto sobre el crecimiento.
El conflicto en la firma Cresta Roja también ofrece algunas pistas. «Que paguen la deuda o que pongan en venta la empresa», dijo María Eugenia Vidal. El Gobierno no cree que el Estado deba subsidiar a una empresa directamente sino que las empresas deben ser sustentables o, por el contrario, ir a la quiebra, como ocurre en casi todo el mundo.
El Gobierno también cree que el Estado tiene que atender a los más humildes y, lejos de abolir la AUH, como denunciaban algunos, anunció que inyectará $400 extra a fin de año para compensar la suba de precios. No cree que la economía deba ajustar por nivel de actividad, y ese es otro dato alentador.
Cree, asimismo, que la inflación no se combate únicamente con recetas ortodoxas sino que también es importante la coordinación entre las partes para ir desindexando gradualmente la economía, y hacia allí apunta el acuerdo entre Estado, empresas y sindicatos que se comenzará a discutir en enero.
Vemos, en suma, un Gobierno abocado a la normalización de la economía y la creación de un régimen económico más alineado con los que predominan en el mundo.