REGLAS VS DISCRECIONALIDAD
Las finanzas públicas provinciales están muy debilitadas. Luego de tres años consecutivos de mejoras, el resultado fiscal de 2015 fue el peor desde 2001. Como es habitual en tiempos de escasez y de estancamiento económico, tanto las autoridades nacionales como las provinciales intentan mejorar la situación financiera sin aumentar la presión tributaria y evitar el ajuste en el gasto. En este contexto, el debate de la coparticipación vuelve al centro de la escena. Si bien el nuevo reparto de impuestos puede aliviar las finanzas provinciales, la contrapartida será la reducción por parte de la Nación de las transferencias discrecionales. Tal como está planteado es un juego de suma cero. El ordenamiento fiscal es un paso necesario en el que tanto Nación como las provincias deberán ceder.
De acuerdo a nuestras estimaciones en 2015 el resultado fiscal de las provincias fue el peor de los últimos 14 años; habrían registrado un déficit primario superior a los $30.000 M, que salta a $50.000 M (1% del PBI) incluyendo los pagos de intereses de deuda. Si bien el deterioro es generalizado, la mitad del rojo lo explica la provincia de Buenos Aires. Esto contrasta con la mejora que tuvieron las finanzas provinciales entre 2011 y 2014, período en el que el déficit primario de casi $14.000 M pasó a un superávit de más de $7.000 M. Al igual que cuando analizamos la situación fiscal de la Nación, el fuerte deterioro del año pasado no fue por una mala performance de los ingresos (crecieron en torno al 35% i.a.) sino porque el gasto saltó más del 40% i.a., el mayor incremento de –al menos- las últimas dos décadas.
La preocupación sobre las finanzas provinciales aumenta cuando analizamos la estructura del gasto. De hecho, si bien en años electorales las erogaciones de capital suelen acelerarse, la característica distintiva del año pasado fue el salto en el gasto en personal (representa casi dos tercios del gasto primario) que habría registrado un alza superior al 40% i.a. (en algunas provincias se registraron subas de más del 50% i.a.). A esto se suma que los resultados no fueron peores gracias a que las transferencias “discrecionales” (estas no necesitan ley de coparticipación sino que dependen de la “voluntad” del Poder Ejecutivo Nacional) subieron en torno al 30% i.a. totalizando más de $100.000 M.
En este contexto, recordemos que las provincias le reclaman (y con fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia) la devolución de los fondos de pre-coparticipación que retiene la Nación desde 2006 (acumulan desde entonces más de $230.000 M). Si bien esto sería más que suficiente para equilibrar las cuentas al tratarse de casi $60.000 M por año, en un contexto en el que la Nación no tiene margen para ceder ingresos, compensaría estos giros con un monto menor de transferencias discrecionales. En resumidas cuentas, ni la nación ni las provincias podrán evitar la moderación en el ritmo de crecimiento del gasto para poner las cuentas públicas en un sendero sostenible.
Vemos así, que ordenar las finanzas públicas en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) es necesario y urgente, tanto por una cuestión económica -como lo es el rojo fiscal récord- como por una cuestión política, dado que mejora el equilibrio de poder entre el presidente y los gobernadores.
