EL FALLO DEL GOBIERNO
Un paso atrás. La decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto las subas en las tarifas de Gas dejó en evidencia la mala praxis del gobierno para enfrentar un ajuste más que necesario. El golpe es más político que económico pues una vez cumplidos los pasos formales podrá encarar con más decisión la enorme corrección de precios relativos todavía pendiente.
Concretamente, la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo que obliga al Ejecutivo a dejar sin efecto el “tarifazo” de gas y retrotraer sus valores a los vigentes antes de los aumentos. Fue una derrota política contundente y anunciada, dado que todos los miembros del máximo tribunal votaron de la misma manera destacando la obligatoriedad de llamar a una audiencia pública en la que deberá justificar los aumentos. Por el momento, el fallo de la Corte sólo abarca a los usuarios residenciales que representan 26% del total aunque seguramente no faltarán los amparos de comercio e industrias. Con este antecedente el “tarifazo” de luz seguramente correrá la misma suerte.
Fue un mal paso, pero hay que mirar hacia delante y aprender de los errores. Con las audiencias que se realizarán en septiembre el gobierno tendrá otra oportunidad para blanquear la cruda realidad del sector energético y la necesidad de comenzar cuanto antes su ordenamiento para fijar las bases de su crecimiento.
El retroceso en las tarifas ensucia las buenas noticias que viene trayendo agosto en materia inflacionaria. De hecho, ya sin los efectos de los ajustes en las tarifas, con el tipo de cambio estabilizado y con una política monetaria que apuntó a tasas de interés reales positivas (algo inédito para lo que fue la política monetaria de los últimos 15 años), el IPC se encamina para mostrar un alza de “apenas” el 1,5% (o incluso menor), el menor registro desde febrero de 2015 y por debajo de la “inflación crucero” de 2% de la última década. Más aún, con la vuelta atrás en las tarifas le podrá generar un impacto positivo directo en el IPC de septiembre de casi 1 pp, lo que implica en septiembre que el IPC tendrá un alza menor al 1%. La mala noticia es que, tras las audiencias públicas, las tarifas volverán a impactar en el IPC y de nuevo tendremos que diferencias entre ajustes transitorios y la tendencia. Una lástima para un aspecto que parecía haberse tomado un respiro luego del agitado primer semestre.
Sin el alza en las tarifas para los residenciales, entonces será el Tesoro quien acuse el golpe y deberá abonar la diferencia en el precio. Recordemos que en los primeros 6 meses del año el gobierno moderó el alza de los subsidios económicos que crecieron 11% i.a. (en % de PBI implicó una baja de 0.9%) gracias a que las transferencias al sector energético disminuyeron 15% ($12.000 M). Por el momento, considerando que tras las audiencias el gobierno podrá actualizar las tarifas, el impacto de la medida generará un incremento del gasto transitorio que podría rondar los $20,000 M. Lógicamente, todo dependerá de cuán rápido se resuelva la actualización de las tarifas. Sin dudas es una “mancha más” para el Tesoro que se prepara para una política fiscal mucho más expansiva en lo que resta del año, pero no pone en riesgo el programa financiero trazado a principio de año.
El “tirón de orejas” de la Corte ruidos en el corto plazo y obliga al gobierno a mejorar su estrategia para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Seguramente la cuestión tarifaria se resuelva más temprano que tarde y el clima de negocios para Argentina seguirá mejorando para que aprovechar todas las oportunidades que ofrece el país pero no se puede perder más tiempo y dar nuevos pasos en falso.
