Analytica

El centro gubernamental.

Por Julio Burdman

El triunfo electoral del pasado 22 de octubre significó la consolidación de Cambiemos en el sistema partidario. Y dentro del gobierno de Cambiemos, la de la Jefatura de Gabinete y sus dos coordinadores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Ese es el centro gubernamental. Allí se diseñó y se defendió la estrategia electoral del oficialismo; allí, también, se prepara y se supervisa lo que viene en materia económica e institucional. El 41% le dio a Mauricio Macri una «ventana de oportunidad». El «acuerdo nacional» entre el gobierno federal y las provincias peronistas no va a durar para siempre. Pero hoy es la realidad, y piensan aprovecharla. Los gobernadores tienen agenda pero ello no significa sumisión de ninguna de las partes. El Fondo del Conurbano, la cuestión más importante, está en manos de la Corte. Y posiblemente se venga un documento breve, laudatorio, “de dos hojas”. Lo otro importante es que la relación es “buena” con la gran mayoría de las provincias.

Sin demasiada euforia, el centro gubernamental se tiene fe en materia política. Se piensa, inocultablemente, que el horizonte es 2023. Y que con los actuales lineamientos discursivos y estéticos de Cambiemos se puede seguir ganando elecciones. Pero se admite que para seguir creciendo, y para conquistar gobernaciones en 2019, será necesaria una nueva ampliación de la coalición. Incorporar a más dirigentes, sobre todo allí donde faltó poco para ganar. Una definición pragmática que proviene del mismo lugar que, en otro momento, defendió la «pureza» amarilla como estrategia electoral. La etapa que viene demandará otra cosa. Peña se pondrá al frente de ese reclutamiento.

Hay fe, también, en que será posible incorporar más votantes de los sectores populares. En 2015 Cambiemos se apoderó de la clase media (y de lo que está por encima de ella, naturalmente) y en 2017 penetró en la clase media-baja; el próximo paso será sumar debajo de ese umbral. El discurso del 30 de octubre, cuidadosamente elaborado, se centró en la austeridad y el ajuste fiscal, y se sacaron otros temas para no desviar la atención del mensaje. El próximo discurso «importante» de Macri, que aún no tiene fecha -podría ser el del próximo 1 de marzo, la apertura del año legislativo- estará centrado en la «cuestión social».

Yendo a lo que queda de 2017, está el “pacto fiscal”, que “va bien”. Y también lo que hará el propio gobierno nacional en materia de austeridad. No necesariamente habrá eliminación de ministerios: están contentos con todos ellos, los cambios que se hagan serán por desempeño y no por ajuste. Pero sí un ajuste hacia dentro de cada cartera. Ese trabajo, en su mayor parte, ya está listo y acordado con cada ministro: ahora viene la ejecución.

El discurso del 30, Macri introdujo también las cuestiones laboral y tributaria, que se terminarán de develar a lo largo de noviembre. Y que forman parte del mismo concepto de austeridad. Quedará, para otro momento, la cuestión de la competitividad del sector privado. Días atrás Macri dijo que necesitamos «exportar más», pero no cómo hacerlo. ¿Alcanza, acaso, con reducir el tamaño del Estado para dinamizar a las empresas? El centro gubernamental asegura que no, que ellos no creen en eso. Aunque fue título de tapa de un diario de hace unos días. Ellos son los que discutían con Carlos Melconián y Luis Secco en la Fundación Pensar, y los que impusieron el «gradualismo» -ahora rebautizado como «reformismo permanente»- en el ritmo de las políticas públicas. Y los que comulgan con la idea de la conducción económica desconcentrada. Prefieren hablar de una primacía de la política, armonizada con una presencia importante de los cuadros técnicos. Pero lo que rechazan es la idea de «ceocracia». Aseguran que si algo los caracteriza es una visión profundamente crítica de la cultura empresarial argentina. Cultura que conocen bien. Así explican, también, el impuesto a la renta financiera. Proyecto que verá la luz la última semana de noviembre, o la primera de diciembre. No es una moneda de cambio para la reforma laboral, sostienen, ni persigue fines recaudatorios: es algo ideológico y cultural. «La austeridad tiene que llegar a todos». Tampoco persigue el objetivo de regular las entradas y salidas abruptas del mercado de capitales, que tanto daño hicieron en Brasil. No hay mucho más que agregar al respecto: ese tema quedará para más adelante. El nuevo impuesto, que incluirá a personas físicas, dejará varias cosas afuera (lo probable es que los fondos comunes de inversión no estén incluidos), y tendrá un mínimo no imponible de renta mensual. Pero aún no está cerrado. Hay que esperar un mes.

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El borrador del proyecto que el ministro Triaca presentará dentro de pocos días, y que ya fue mostrado a los líderes de la CGT, incluye blanqueo laboral, límites a la «litigiosidad laboral» y otros aspectos que no estaban hasta ahora sobre la mesa, como nuevas modalidades de contratación y cambios en el sistema de licencias. El blanqueo contempla un período de un año: los seis primeros meses a costo cero para el empleador, los otros seis con un descuento del 70 por ciento, y 5 años de aportes de aportes previsionales. Y para los «blanqueados» se reducirán los aportes patronales -salvo los destinados a las obras sociales sindicales- escalonadamente hasta 2022. En general reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual hasta 2022, y se regularán la tercerización y subcontratación, bloqueando las demandas «por solidaridad» contra las empresas con contratistas que desarrollen tareas en su establecimiento. Se flexibiliza el criterio de «ius variandi» -que hoy impide la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado- e instaura modalidades de trabajo a tiempo parcial que computarán tiempo por semana y no por día, con sistema de «bancos de horas» -evitando así las horas extras. En materia de despidos se plantea un nuevo cálculo de las indemnizaciones, que quita los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y otros, los créditos se actualizarán mediante la variación del UVA, y la posibilidad de iniciar demandas prescribirá un año. También, sindicatos y empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral -una suerte de seguro de desempleo privado, con aportes de ambas partes. Asimismo, se crea la figura del «trabajador independiente» -que podrá tomar hasta cuatro «colaboradores» por fuera de la ley de Contrato de Trabajo- y un sistema de «prácticas formativas» -pasantías- de hasta de un año y seis meses.

Finalmente, habrá aceleradores en la meta de ajuste fiscal. El documento sobre Presupuesto 2018 que circuló hablaba de 10% de inflación y de 3,2% de déficit fiscal. Pero ojo: eso era una comunicación de la Jefatura de Gabinete, no el proyecto definitivo. En el centro gubernamental admiten que esos números serán corregidos. Mejor no repetir lo de este año, cuya meta de 17% de inflación que quedó demasiado corta. Tal vez, el número definitivo sea 14% -los economistas privados hablan de 16 a 18%. Y en déficit fiscal, la meta del 3,2% bajará a un «2 y pico». Los aceleradores son dos: la reforma de la movilidad jubilatoria y un ajuste tarifario superior al previsto. En este último aspecto, y en los agregados al proyecto de reforma laboral, podemos ver los efectos de haber ganado las elecciones y de ser percibido, ahora, como el proyecto político predominante de la Argentina.