Analytica

Congreso y confianza, las claves de la reforma laboral.

Por Julio Burdman.

El Congreso se ha transformado en un terreno espinoso para Cambiemos. El pasado viernes 27 de abril el gobierno envió al Senado su iniciativa de reforma laboral. Se trata de un coletazo de la agenda reformista presentada a fines de 2017, que entró en suspensión tras la minicrisis de la reforma previsional. Con ella, el Ejecutivo planea recobrar la confianza y mostrar a quienes lo observan y evalúan que la búsqueda de la competitividad argentina sigue en pie. Pero llega en un momento complejo, cuando las diferentes expresiones opositoras coordinan algunos esfuerzos para frenar las iniciativas oficialistas, y eventualmente poner las propias sobre tablas.

La reforma laboral, que en el borrador original era un documento único, se ha presentado en tres proyectos separados. Lo que facilita su tratamiento en el recinto. El primero es el de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral y fondo de cese sectorial”, que incluye entre otras cosas el llamado “blanqueo laboral” -que otorga ventajas a los empleadores para formalizar trabajadores, accediendo a una amnistía por los años de informalidad pasada- y modificaciones tendientes a bajar el costo empresario en la indemnización por despido -se eliminan horas extras y adicionales en el cálculo, se crea una nueva instancia judicial, un fondo para que los empleadores hagan frente a los despidos, etc. Ambas cuestiones apuntan a reducir el riesgo y el costo de litigiosidad, que fue uno de los caballos de batalla de Macri en la cuestión (la “industria de los juicios laborales”). Tema en el que la Justicia está creando también algunos precedentes que cambian el clima pro-trabajadores que caracterizó a las relaciones laborales durante el gobierno anterior. Los otros dos proyectos se refieren a la “Capacitación Laboral Continua” y a la “Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.”

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No se trata de una iniciativa demasiado popular. De acuerdo con una encuesta realizada por Observatorio Electoral el pasado fin de semana (1092 casos telefónicos, ámbito nacional) el 34,4% se manifiesta a favor del proyecto oficialista (dice estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo”), y el 54,5% en contra (“algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”), mientras que el 11,1% restante dice no saber.  Más allá del nivel de conocimiento sobre el proyecto de ley que puedan tener los consultados -en general, suele ser bajo- estos números reflejan la baja receptividad de la ciudadanía frente al tema. Aquellos más identificados con el Presidente están más o menos de acuerdo con la mayoría de sus propuestas. Pero más de la mitad de los entrevistados no ve con buenos ojos una reforma laboral.

En lo que va del año, Cambiemos perdió el control de las cámaras. Que supo tener en sus primeros dos años, aún con menos legisladores propios. La alianza con el justicialismo se resquebrajó. El Congreso funciona con límites. Y el oficialismo teme que las sesiones se salgan de control, y una oposición coordinada aproveche para “colar” proyectos que pretendan incidir en la política económica. Fue el caso de tarifas, en el que el oficialismo jugó con el instrumento del quórum en Diputados y luego en la segunda oportunidad, gracias al requisito de mayorías  calificadas, logró que la propuesta de retrotraer aumentos no prospere, aun cuando la oposición tenía mayoría simple. Pero el tema no cerró ahí: la oposición pan-peronista está decidida a aprobar alguna norma en la materia, y Macri planteó la posibilidad de recurrir al veto presidencial en caso de ser necesario.

Menos problemáticas vienen la ley de financiamiento productivo (también llamada “ley de mercado de capitales”), que grava renta financiera, y las del antiguo “megadecreto” de desburocratización. La de financiamiento productivo había obtenido media sanción en Diputados en el mes de marzo, fue devuelta por parte del Senado con algunas modificaciones, incluyendo beneficios a fondos de inversión cerrados o fideicomisos dirigidos a viviendas sociales o créditos hipotecarios. Y una armonización con la ley de reforma tributaria. En cuanto a las leyes de desburocratización, también el texto del antiguo decreto fue partido en tres: “Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional”, “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”, y “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura”. Tras la media sanción obtenida en Diputados el 21 de marzo pasado, esta semana comienzan a debatirse en las comisiones del Senado.

Los dos sectores del peronismo no tienen la misma actitud hacia el gobierno. Rossi, jefe de bancada del Frente para la Victoria en Diputados, dijo que cuando su partido vuelva al Ejecutivo la primera medida será derogar la reforma previsional. Schiaretti, el gobernador de Córdoba y referente del “dialoguismo” llamó a “dar al gobierno “las leyes que necesita para gobernar”, aunque sin dejar de trabajar por una alternativa de oposición. Sin embargo, a pesar de las diferencias, los bloques peronistas comienzan a parecerse. Los gobernadores tienden a incrementar su oposicionismo a medida que pierden la confianza en Macri. Prometen colaboraciones pero también quieren su 2019. Por eso, para el presidente la confianza es fundamental: debe dominar la inflación, evitar la caída en las encuestas, y demostrar que el Congreso no está perdido.