SHOCK Y GRADUALISMO
En los meses previos a la elección presidencial, el debate giraba en torno a la velocidad a la cual llegarían los cambios a una economía sedienta de modificaciones. ¿Llegarían todos juntos y rápido (shock) o, más bien, paso a paso (gradualismo)? Finalmente, Cambiemos parece haber elegido un camino intermedio con algunas dosis de shock (por ejemplo, en la eliminación del cepo) y con pizcas de gradualismo (por ejemplo, en el plano fiscal y, por ende, monetario también).
La elección de un camino intermedio no responde a una subestimación de la gravedad de la herencia fiscal (que, en rigor, es muy pesada) ni al desconocimiento del impacto inflacionario de una política monetaria ultra-expansiva sino a la creencia acertada de que la política económica no se hace en el vacío sino que siempre genera costos.
Un ajuste fiscal pronunciado podría resentir aún más la economía, disminuir la recaudación y, contrariamente a lo que se buscaba, ensanchar el agujero fiscal. Ejemplos históricos sobran. Además, en un país muy estado-dependiente, como el nuestro, podría aumentar sensiblemente la conflictividad social, hacer inviables muchas actividades productivas y/o conducir a una suba del desempleo.
Por supuesto, seguir gastando sistemáticamente más de lo ingresa es insostenible y, más temprano que tarde, se deberá apuntar a recuperar el equilibrio en las cuentas públicas. Por eso, es probable que aun se aguarden anuncios en el plano fiscal pues, hasta ahora, el grueso de las medidas apunta a aumentar el gasto primario y/o a reducir la presión impositiva.
El Gobierno sabe que esta trayectoria debe cambiar y que el BCRA no debe ser un mero apéndice del Tesoro, pero va a ir despacio en este frente. Es un Gobierno débil y le va a costar digerir políticamente los costos asociados a un ajuste fiscal pronunciado.
Por un lado, apuntará a que aumente la recaudación a través del crecimiento del PIB y eso ayude a ir compensando el desequilibrio fiscal. Sería la salida más virtuosa, pero no alcanzará y deberá revisar otras partidas. Un candidato firme son los subsidios a las tarifas de servicios públicos. El Gobierno planea empezar a recortarlos a partir de enero. Tienen un punto a su favor: la sociedad sabe que los niveles actuales son ficticios y, por ende, convalidará ciertos aumentos.
Esa es una de las batallas que se vienen. Si el Gobierno tiene la voluntad y la firmeza para hacerlo (vale recordar que el anterior intentó, pero luego reculó), no se tienta con el placebo de aumentar el empleo público, y si la actividad comienza a repuntar (y, con ella, la recaudación), la tendencia fiscal puede empezar a cambiar. Eso le quitará presión al BCRA (que podrá, finalmente, dedicarse a lo suyo, como es cuidar el valor de la moneda) y permitirle al Gobierno ir reduciendo gradualmente la presión tributaria hacia niveles más normales.