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RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Por Observatorio Electoral Consultores.

Desde hace unos meses, el gobierno nacional reconoce lo que la oposición política, los sindicatos y los datos duros vienen sosteniendo desde principios de año: que hubo una pérdida en el nivel de ingreso de los asalariados. En una entrevista periodística, el jefe de gabinete Marcos Peña habló de un 7%, mientras que los economistas de la CGT hablan de 13%; Marcos Peña, en la misma entrevista, dijo que esa pérdida pronto se iba a recuperar, con el debatido bono previsto para fin de año más los aumentos salariales de 2017. «Que superarán a la inflación», agregó.

La pérdida de ingresos salariales sería la resultante, entonces, de aumentos salariales menores a la inflación anual. Pero eso es, a su vez, resultado de varios factores. La unificación cambiaria y la devaluación del peso, los aumentos de precios «preventivos» de diferentes empresas de consumo masivo al inicio de la nueva presidencia, y el diálogo entre el gobierno, las empresas y los sindicatos son algunos de los factores que determinaron la situación actual del mercado de trabajo -y de los salarios.

Sin embargo, lo habitual en estos casos es que el peso de las responsabilidades recaiga sobre los gobiernos. En las democracias, los gobiernos son los que se encuentran bajo una permanente evaluación social -y no necesariamente otros actores, como las empresas o los sindicatos.

Algo de eso puede verse a partir de los números de un estudio realizado por Observatorio Electoral en el pasado mes de septiembre. Se le preguntó a más de 1000 personas de todo el país cuál de los rubros tradicionales de la canasta de consumo había aumentado más. Esta información surge de los índices desagregados de inflación, pero lo que se buscaba era capturar la percepción (y la sensibilidad) de la gente sobre los diferentes aumentos de precios. El resultado fue que el rubro alimentos y bebidas fue señalado como el de mayores aumentos por el 55,5% de los consultados, seguido en segundo lugar por la luz eléctrica (16,4%), luego por el gas (13,3%), y en cuarto lugar, muy detrás del primero, está naftas y combustibles (9,5%).

Si cruzamos estos datos por el voto en el ballotage 2015, encontramos diferencias: los votantes de Scioli son más sensibles a los aumentos en servicios domiciliarios, ya que el 20,7% señaló a la luz y el 15,5% al gas, mientras que los votantes de Macri fueron más sensibles al aumento en naftas, con 13,2% de las menciones.

Sin embargo, de todos estos aumentos de precios, el único que se convirtió en una cuestión política nacional fue el de las tarifas de gas. A pesar de que solo fue mencionado por el 13% de los consultados, y alimentos y bebidas por el 55%. ¿Por qué? De todas las explicaciones posibles, tendemos a creer que esto se debe a que se trató de un aumento decidido por el gobierno. El resto de los aumentos de precios, y las otras causales de pérdida de poder de compra de los salarios, tienen presuntas responsabilidades impersonales («la industria alimenticia», «los supermercadistas», «el mercado», «el sindicalismo»).

En cambio, los aumentos tarifarios sí tuvieron, a los ojos de la sociedad, un nombre y un apellido. Y, para peor, una identificación con el gobierno. Las tarifas se convirtieron en el símbolo político de un fenómeno más abarcativo. Porque, como decíamos al principio, el actor que está realmente sometido a la evaluación permanente de la opinión pública, y que paga costos de imagen, es siempre el gobierno.

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