Analytica

LA SOBREPOLITIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Por Julio Burdman

Resolver la corrupción en el ámbito de lo público es una de las demandas más importantes del electorado argentino. Y la Argentina es considerada como un país de altos niveles de corrupción, tanto en los rankings de Transparencia Internacional como en las publicaciones de la prensa internacional. A su vez, es indudable que la cuestión de la corrupción se ha transformado en una clave de las elecciones argentinas. En 2015, las acusaciones de corrupción en la obra pública contra la familia Kirchner, y en particular el caso del entonces candidato kirchnerista a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández, que fue vinculado a crímenes del narcotráfico por parte del periodista Jorge Lanata y por la diputada Elisa Carrió, fueron influyentes en el resultado final.

Naturalmente, para Cambiemos la investigación de los hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas y la sanción de nuevas leyes y mecanismos preventivos de este tipo de abusos forma parte del núcleo de su propuesta, y de su identidad como gobierno. El intento de separar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados, o el haber puesto al frente de sus listas a Elisa Carrió y Graciela Ocaña, son decisiones que indican que la «agenda anticorrupción» sigue siendo una de sus apuestas oficialistas para este año de renovación legislativa. Sin embargo, hay que distinguir entre la corrupción realmente existente, y la corrupción como tema de la competencia electoral.

La corrupción de las contrataciones públicas, en una democracia con división de poderes, debe ser investigada y combatida por un poder judicial independiente, así como las acciones preventivas de la misma deben estar bajo la órbita de agencias autónomas o por la sociedad civil. No es función de los políticos el acusarse entre ellos. La razón es obvia: los políticos que compiten entre sí, tienen fuertes incentivos para acusar a sus adversarios de ser corruptos. Porque si mi adversario es acusado de cometer un delito su reputación sufre, y si la acusación es demostrada, queda descalificado de la competencia. Todo lo cual maximiza mis chances de ganar.

En la Argentina, y en otros países, la acusación de corrupción como estrategia electoral está sobreutilizada. Los políticos se denuncian entre sí, convirtiendo a las campañas en asuntos de reputación. El resultado, en el marco de la «grieta» que viene caracterizando a nuestra competencia política, es que los electorados descreídos segmentan sus percepciones de corrupción. Los votantes, en el marco de estas acusaciones cruzadas, terminan creyendo -o queriendo creer- que sus candidatos son los honestos, y que los adversarios de sus candidatos son los corruptos. Como una película de buenos contra malos, según la vereda en que me pare. Todo lo cual luce poco cercano a la realidad.

Esto es lo que se puede ver en los resultados de la encuesta de Observatorio Electoral de la última semana del mes de julio (1360 casos telefónicos, ámbito nacional). Consultados sobre si  CFK es corrupta, 48,2% respondió que sí y 40,4% que no, con un 11,5% que respondió no saber. Y cuando se consultó por Mauricio Macri, el 41,9% dijo que era corrupto, 41,8% que no, y 16,3% respondió no saber. Y al cruzar estos resultados con el voto declarado en el ballotage de noviembre de 2015, apareció algo que no sorprende: la gran mayoría de quienes dicen haber votado por Macri cree que Cristina Kirchner es corrupta (88%). A su vez, el 70% de quienes dicen haber votado por Scioli, cree a su vez que el actual presidente lo es.

Esta sobrepolitización de las acusaciones de corrupción no es una buena noticia. Finalmente, los votantes ya quedan aturdidos e incapaces de distinguir entre verdades y mentiras, y terminan por posicionarse «políticamente» en un campo en el que debería primar la investigación rigurosa y la evidencia empírica en un marco de justicia independiente. Una discusión similar se ha dado en Estados Unidos, cuando Donald Trump y Hillary Clinton protagonizaron una campaña plagada de acusaciones cruzadas, y los analistas trajeron a la mesa conceptos como «posverdad» y «hechos alternativos» para tratar de explicar la irracionalidad del debate público.

Hay otra implicancia de la sobrepolitización de la corrupción, y es que neutraliza las acusaciones. «¿Cómo puede ser que la sigan votando?», preguntan los partidarios de Cambiemos. «¿Cómo puede ser que lo sigan apoyando?», se preguntan, en términos similares, los simpatizantes del kirchnerismo. Las credibilidades caen, y las nuevas acusaciones dejan de hacer mella en los electorados duros.

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