LA AGENDA ECONÓMICA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
Por Julio Burdman.
Un sentido común bastante extendido dice que después de las elecciones del 22 de octubre comienza la etapa «reformista» del gobierno nacional. Su oportunidad de pasar leyes e implementar políticas nuevas, especialmente las que más resistencia social pueden generar. Parte de ese sentido común dice que el éxito y el alcance de ese reformismo dependerá del resultado electoral: a más votos, más reformismo. Sin embargo, no es así como lo ven en la Casa Rosada. Allí sostienen que lo que se viene es una etapa de «reformismo gradualista permanente»: diferentes leyes y medidas, separadas entre sí, por área de gobierno. Aseguran que no hay que esperar, por ejemplo, una gran «reforma laboral» o «reforma impositiva», en forma de paquete. Más bien, pequeños cambios sucedáneos a lo largo del 2018.
Lo que primero veremos será el pacto fiscal con las provincias. El gobierno va a bajar Ingresos Brutos y tal vez algún otro impuesto nacional, y quiere acordar con los gobernadores que el recorte sea efectivo. Es decir, que provincias (y municipios) no aprovechen la rebaja para introducir impuestos propios. Asimismo, se buscará poner sobre papel el compromiso de las provincias de no aumentar sus plantas de personal ni las partidas de gasto. En materia federal, el presupuesto (la meta de 3,2% para 2018) y los ajustes por ministerio son la política. El pacto fiscal tendrá, también, un efecto político: la foto del presidente con los gobernadores, que sellará también un modelo de gobernabilidad en ciernes. La relación con los gobernadores, y no ya con el Frente Renovador de Massa o el bloque de Diego Bossio, será la base de la segunda mitad de la gestión Macri.
Lo segundo que planteará el Ejecutivo será lo laboral. Admiten en la Casa Rosada que no hay ánimo de encarar proyectos que generen enfrentamientos con los grandes gremios. El primer tema que se pondrá sobre la mesa será el del blanqueo laboral, del que han informado los medios de comunicación. Y luego, otro proyecto pronto a ser lanzado es el salario mínimo no imponible de aportes patronales. Es decir que los contratos de trabajo con salarios de escala más baja tendrán exenciones fiscales. La medida recibirá algunas críticas, ya que se acusará al gobierno de incentivar la contratación laboral con niveles salariales bajos. Tal como se criticaron las iniciativas de subsidiar los planes de «primer empleo» en empresas grandes. El gobierno confía en que las críticas no harán mella, y que la política tendrá efectos positivos en la generación de empleo. Más adelante, algo se planea avanzar contra la llamada «industria de los juicios laborales», tal vez poniendo topes a las indemnizaciones o los plazos de litigio; esto último aún no está resuelto.
En un tercer lugar, sin fecha aún, vendría el impuesto a la renta financiera. Que alcanzará a personas físicas, y no sólo jurídicas. No hay intención de gravar los instrumentos más populares, que hoy son las LEBACs y los plazos fijos; pero hay un borrador que contemplaría el tributo para acciones y bonos. No pareciera estar resuelto aún el caso de los fondos comunes de inversión. La reforma previsional, sostienen en la Casa Rosada, será tarea para el segundo gobierno de Cambiemos: no pareciera haber planes para fines de 2017, o 2018.
El interlocutor transmite confianza. Sobre todo, en el plano metodológico: el enfoque del «reformismo gradualista permanente» es visto como ventajoso. Reduce conflictos, y permite imaginar etapas de reformas de más largo plazo. A diferencia de los «paquetazos», que sólo se pueden lanzar cuando los resortes del poder político están perfectamente alineados. En la Casa Rosada imaginan que es posible mantener un ritmo pausado hasta el final del mandato.