Militarización en Brasil.
Por Julio Burdman
El pasado 21 de febrero se conoció la decisión del gobierno brasileño de desplegar a sus fuerzas armadas en la ciudad de Río de Janeiro. El argumento ha sido el combate contra las bandas de narcotraficantes, esparcidas por toda la ciudad. En Brasil, la cuestión drogas no es producción, ni logística, sino de consumo. Brasil es desde hace años el segundo consumidor del mundo de cocaína, detrás de los Estados Unidos. Las bandas de narcotraficantes, que dominan favelas y cárceles y se enfrentan entre sí, compiten por un mercado millonario. Pero hay una trama política que se cierne sobre esta drástica opción.
El activador de la decisión del presidente Temer fue la ola de violencia que tuvo lugar durante los clásicos -y generalmente violentos- carnavales. En un contexto de fuerte incremento de la inseguridad pública. Uno de los grandes logros de los gobiernos del PT (2002-2016) fue la reducción, entre 2007 y 2015, de las tasas de robo y homicidios; desde el último año de Rousseff, coincidiendo con la grave crisis económica, ambos indicadores comenzaron a deteriorarse notoriamente, encontrándose hoy cercanos a la situación previa al año 2003. Temer invocó, por primera vez desde la sanción de la Constitución de 1988, su artículo 34, según el cual la Unión puede intervenir en los estados para «mantener la integridad nacional» o «poner fin a una grave alteración del orden público». El gobierno federal tiene evidencia de que en Río de Janeiro las bandas narcotraficantes tienen tecnología sofisticada y armamento de guerra para enfrentar el monopolio estatal de la fuerza. Algo que no es nuevo. Entre 2014 y 2015 hubo presencia militar en las favelas de Río pero en esta oportunidad se ha realizado una intervención federal sobre todo el sistema de seguridad pública del estado. Para ello, Temer contó con un aval mayoritario del Congreso, que co-gobierna con él desde la destitución de Dilma Rousseff. Poco antes, a fines de noviembre de 2017, en México los dos partidos principales (PRI y PAN) lograban aprobar una nueva ley de seguridad interior que confiere amplias facultades a los militares en el manejo de la seguridad pública.
Para la intervención, que durará un año, los militares han accedido a un presupuesto especial. El interventor es un general, Walter Braga Netto. Y pocos días después de la aprobación de la intervención, Temer nombró al frente del Ministerio de Defensa a otro general, Joaquim Silva y Luna, poniendo fin a una tradición de dos décadas de ministros de defensa civiles. En su primera conferencia de prensa, el interventor militar de Río dijo que esta experiencia podría replicarse en otros lugares de Brasil si demostraba ser exitosa. Nnunca antes, desde la democratización, los militares brasileños tuvieron tanto poder.
La militarización de Río de Janeiro y, por extensión, de la República Federativa, fue inicialmente bien recibida por la opinión pública carioca. Pero a los pocos días, comenzó la inquietud. Las elecciones presidenciales, previstas para octubre de este año, se realizarán en este clima profundamente enrarecido por la presencia de militares en los estamentos de la política. Las encuestas muestran que los habitantes de las grandes ciudades ven con buenos ojos las políticas de mano dura en sus distritos pero temen un escenario de militarización a nivel nacional.
La imagen internacional de Brasil se deteriora aún más. Y la oposición a Temer, alicaída por la crisis política e irrelevante en el Congreso, comienza a conversar y coordinarse. El PT se prepara para una política de movilización. Y a ello debe agregarse una parálisis de la agenda legislativa económica de Temer. La Constitución de 1988 dice que, en un estado de intervención, no se pueden hacer reformas que modifiquen el régimen constitucional. Y la reforma previsional, una de las más importantes en la agenda de Temer, requiere una enmienda constitucional. Por eso, además de inquietar a la opinión pública brasileña y latinoamericana, y empeorar la imagen internacional del país, la militarización de Brasil pone nerviosos a los mercados y a las calificadoras de riesgo. Que comenzaban a ilusionarse con el reformismo temerista y la recuperación macro.
