La compleja economía política del gradualismo.
Por Julio Burdman
El gradualismo se ha convertido en una suerte de narrativa económica dominante del gobierno. Los principales voceros del Poder Ejecutivo y la gestión política ponen su acento en el ritmo y la velocidad de los cambios, más que en sus metas y contenidos. El sentido pareciera estar implícito: en la búsqueda de una economía más estable y más competitiva, se busca reducir el tamaño del estado, la presión impositiva y los costos de producción (incluido, claro, el costo salarial y laboral). Pero de ese camino, que supone varias reformas, se dice que hay que transitarlo gradualmente.
Esa última discusión es la que se pone sobre la mesa, y el debate pareciera tener lugar entre los partidarios del shock (los economistas ortodoxos críticos del gobierno), los gradualistas conformes (los oficialistas que consideran que el gobierno está gestionando la política económica con el pulso justo), y los oficialistas críticos (como Carrió, quien ante los aumentos de tarifas pide «más gradualismo», pero no necesariamente un cambio en la política). Los opositores, claro está, se ubican por fuera de ese debate y son aquellos que no creen que la competitividad argentina pase por una reducción del tamaño del estado.
En esta cuestión, tanto los oficialistas (en sus dos variantes) como los ortodoxos críticos (con muchas horas de aire en prime time) ganaron una batalla. Han logrado instalar en la opinión pública la idea de que el gasto público es muy alto, y hay que bajarlo., Eso es lo que muestra una encuesta de Observatorio Electoral consultores realizada en los últimos días de marzo (ámbito nacional, 1158 casos, entrevistas telefónicas): un importante porcentaje de los consultados (56,8%) cree que el gasto público debe ser bajado. Un 31,8% está en desacuerdo con esa idea, y el 11,4% restante responde no saber.
Se trata de un logro discursivo importante del gobierno de Cambiemos. En otros momentos de la historia, y en otras latitudes, es difícil conseguir que un segmento tan importante de los ciudadanos piense que el gasto público debe bajar. El problema para el gobierno es a la hora de la deconstrucción del concepto de «gasto público», que con éxito se ha logrado instalar. Ahí aparecen las resistencias e incongruencias del electorado. Cuando las encuestas indagan sobre los grados de satisfacción con las políticas públicas (tanto a nivel nacional, como en estudios realizados en ciudades o provincias), estos son bajos. La mayoría de los argentinos (de los porteños, los bonaerenses, los cordobeses) están disconformes con la educación pública, los hospitales públicos, la seguridad pública. Y creen que en todos esos rubros, el estado debería gastar o invertir más. Y lo mismo aplica a la infraestructura social: se pide más viviendas, más cloacas, más rutas asfaltadas. Los despidos en el sector público no son apoyados. La reforma previsional, de acuerdo a la encuesta realizada en el pasado mes de diciembre, tuvo una aplastante imagen negativa. Al igual que los aumentos de las tarifas domiciliarias. Y otros temas que hoy no están en la agenda pública, el requerimiento de una opinión muestra que las respuestas van hacia el aumento del gasto. Por ejemplo, en una encuesta realizada tras la desaparición del ARA San Juan se preguntó a los entrevistados si estaban de acuerdo con un aumento del gasto militar, y la mayoría respondió afirmativamente.
Se logró instalar con éxito en la sociedad la idea de que el gasto debe bajar, pero no se explicó por dónde, ni a qué costo. Tal vez ello contribuya a explicar por qué temas absurdos e irrelevantes como el canje de pasajes de los diputados, o sobredimensionados como el costo fiscal de los planes sociales para los argentinos y argentinas sin trabajo y sumergidos en la pobreza, prenden con tanta velocidad en la televisión o las redes sociales. Es la idea urgente de la «baja del gasto público» que debe explotar por algún lado. El gradualismo, como narrativa de política económica, es incompleta. Y el consenso social sobre la «baja del gasto» también. El electorado argentino, aunque por momentos diga lo contrario, no luce dispuesto a resignar servicios estatales.