¿Puede el Congreso transformar el rumbo de la política económica?

Por Julio Burdman.

Aún a pesar de no encontrarnos en un año electoral, el Congreso de la Nación se encuentra sin arrancar. En lo que va del año, su actividad se limitó al debate sobre el proyecto de despenalización del aborto, cuestiones menores como el «canje de pasajes» o visitas de rendición de cuentas de ministros del gabinete nacional: Marcos Peña, Luis Caputo, Oscar Aguad. Pero no se ha sancionado ninguna ley. La agenda reformista anunciada en 2017 no se ve. Y con el paso de los meses, la capacidad negociadora entre oficialismo y oposición tenderá a decrecer. Estamos en los albores de la campaña al 2019 y la oposición se volverá cada vez más opositora. A pesar de haber ganado las elecciones legislativas, Cambiemos sigue sin dominar las Cámaras y todo lo que no logre aprobar ahora, difícilmente pueda hacerlo después.

En el marco de este Legislativo estancado, hay que destacar que el Congreso está habitado por personajes importantes de la política argentina. Destacamos tres: Cristina Kirchner, Miguel Pichetto y Elisa Carrió. Cada uno de ellos tiene una agenda económica, y dispone del instrumento legislativo para intentar plasmarla. En ese sentido, cabe preguntarse hasta qué punto podrán aprovechar el vacío legislativo para transformar la gestión económica desde el Congreso.

Cristina Kirchner, abocada a la crítica socioeconómica del macrismo, acaba de presentar un proyecto para suspender los aumentos tarifarios en servicios públicos domiciliarios (agua corriente, electricidad y gas), extensible a pymes y cooperativas, y retrotraer los precios a enero de 2017. El proyecto kirchnerista incluye la creación de un comité para revisar todas las decisiones tomadas por las empresas de servicios públicos desde esa fecha, y declara una «emergencia tarifaria»; sostienen desde ese espacio que este proyecto es el primero de una serie y que aspiran a articular posiciones con la oposición.

Pichetto, por su parte, ha asumido un rol político dentro del espacio justicialista, y considera que ese sector tiene que representar una alternativa económica al macrismo y al kirchnerismo. Caracterizada por una visión desarrollista y heterodoxa moderada. Desde ese lugar, formó un grupo de economistas que conversan con los asesores del massismo y con los justicialistas de Diputados (Bossio) para articular una agenda que responda a las preocupaciones de los gobernadores y las economías regionales. La forma de lanzar esa agenda económica será un conjunto de proyectos de ley.

Finalmente está el caso de la diputada oficialista Elisa Carrió. Se conocen sus matices con la visión económica del Ejecutivo, y recientemente aprovechó sus apariciones públicas para criticar los aumentos de tarifas, pedir «más gradualismo» y plantear la intervención contra los «formadores de precios», sobre todo en medicamentos y supermercados. Todo indica que Carrió será una suerte de ariete del Ejecutivo para intentar desde el Congreso algunas medidas de contención de la inflación sin arriesgar su capital reformista, pero no podemos estar seguros sobre los niveles reales de coordinación entre la política económica y las ideas de la diputada fundadora de Cambiemos, que está interesada en reformas a la ley de defensa de la competencia que permitan diferentes tipos de regulaciones de mercado.

Argentina no está preparada para un rol protagónico del Congreso en materia económica. La tradición establece que la gestión macro debe estar unificada en la menor cantidad posible de manos. Macri ha jugado desde el comienzo por una cierta dispersión del comando económico a pesar de no tener mayorías parlamentarias. Y ahora, el Congreso puede convertirse en un nuevo factor de políticas.