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UN AJUSTE DESPAREJO

El camino para ordenar la macro es doloroso. Acomodar los precios relativos partiendo de inflación y déficit fiscal elevados obliga a una coordinación prácticamente perfecta para que no desestabilice el clima social. Para mejorar las cuentas públicas, el gobierno apuesta a una combinación de reducción de la carga impositiva al tiempo que intenta frenar el gasto en subsidios. La mala noticia es que el ajuste no está siendo parejo: golpea en mayor medida a los sectores con menores recursos mientras que los de ingresos medios y altos mejoran su situación. El impacto es una luz amarilla para el gobierno que lo obliga a avanzar rápidamente en medidas de contención.

Concretamente, tras la salida del cepo el plan del gobierno apuntó a ordenar las cuentas públicas de manera gradual. El objetivo de este año no es mostrar una rápida reducción del déficit sino reducir la presión tributaria y detener “la bomba” de subsidios. Esto último no es un tema menor, pues el crecimiento exponencial que tuvieron en los últimos años (de $5.000 M en 2005 a $250.000 M en 2015, más que duplicando su participación en el gasto primario) fue la contracara del gran atraso de las tarifas de servicios públicos.

Por caso, la quita de retenciones para todas las exportaciones excepto para el complejo sojero significo que el Estado deje de recaudar algo más de $50.000 M, aun considerando la suba de 70% en el tipo de cambio y un leve incremento en los envíos de soja.

Otras de las medidas adoptadas fue la actualización del Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. El desfasaje que dejó el kirchnerismo con ese tributo obligaba a encontrar una salida. La medida no apuntó a una corrección definitiva sino a subir el MNI; ahora pagan ganancias los salarios a partir de $25.000 (para solteros) y $30.000 para los casados. Con este nuevo esquema, además de recudir notablemente el tributo en los salarios medios y altos, también se excluyen del pago a 180.000 trabajadores, por lo que el Tesoro verá menguada su recaudación por otros $50.000 M.

La parte “mala” del ordenamiento viene por el lado de la reducción de los subsidios. Las tarifas de servicios públicos tendrán un fuerte incremento lo cual impacta principalmente en Capital Federal y el Conurbano, donde reside casi un tercio de la población total del país. Las boletas de luz ya tuvieron un ajuste promedio de 300% y en las últimas 2 semanas se anunciaron las subas en agua 500%, gas 200% y transporte que tendrán un alza promedio en torno de 100%. Este combo de incrementos le agregarán 9 pp al IPC de 2016 por lo que esperamos que en todo el año la inflación minorista se ubique en torno al 37%. Una primera aproximación de estas medidas sería un ahorro fiscal en torno de $75.000 M.

Hasta el momento, las medidas adoptadas por el poder ejecutivo para amortiguar el impacto en los sectores más bajos fueron subir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilaciones (esto lo marca la ley de movilidad) 15% y se extendió las asignaciones familiares a 1.2 millones de trabajadores.

Ahora bien, este nuevo escenario de importantes cambios y ajustes no afecta a todos los grupos sociales de la misma manera. Por ello, realizamos un ejercicio de simulación con tres trabajadores, todos jefes de hogar con esposa e hijos a cargo.

 Todos logran un ajuste salarial de 25%. Veamos los resultados:

Para un trabajador que en diciembre del año pasado cobraba el salario minino de $5.500 por mes y $1.102 de asignaciones familiares, gastaba $130 por mes en transporte (el boleto de colectivo le salía $3) con lo que su salario de bolsillo era $6.520. Tras el ajuste salarial y de las asignaciones, el mismo trabajador pasó a ganar $8.202 por mes, pero ahora gastará $240 en transporte por lo que su ingreso mensual queda en $7.962, es decir con un alza del 22% i.a., por lo que con la inflación en torno al 38%, la pérdida del salario real llega al 15 pp.

Para un trabajador de salario medio que en diciembre del año pasado cobraba $20.000 por mes, el impuesto a las ganancias le llevaba $3.200, $3.400 de aportes y $158 lo gastaba en transporte al trabajo (en este caso, viaja en subte) con lo que su salario de bolsillo era $13.016. Tras el ajuste salarial y las modificaciones en el MNI (quedo exento del impuesto) y la suba de la tarifa de transporte, el salario nuevo de bolsillo pasa a $20.481, 57% superior al del año pasado.  Obtuvo una mejora real de 20pp.

Finalmente, un trabajador que ganaba $40.000, por las deducciones de jubilación, obra social y la fuerte carga tributaria por el impuesto a las ganancias, recibía de bolsillo neto de “costo de transporte” $22.033 por mes. Con las modificaciones antes mencionadas, sobre un salario bruto de $50.000, a partir de ahora pasa a ganar $36.651, es decir que tendrá una mejora de 66% i.a., casi 30 pp por encima de la inflación objetivo del gobierno.

Así las cosas, si bien el camino del ajuste y ordenamiento fiscal impacta en la economía en su conjunto, el mayor impacto relativo se los llevan la población con menores recursos, cuyos ingresos van muy por detrás de la inflación. Eso obliga al gobierno a acelerar medidas que tiendan a contener las necesidades de los sectores más afectados para resguardar la estabilidad social.

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