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PAGAR PARA VER

La deuda pública vuelve a ser noticia. No porque la Argentina haya retornado a los mercados financieros, sino porque en el último semestre el gobierno ha comenzado a reconocer pasivos que venía negando. Son pasos necesarios para que el país regularice su situación, pues en un contexto de restricción externa y fiscal, lograr mayor financiamiento a tasas razonables es una opción tentadora para cuidar las reservas internacionales y evitar que se profundice la recesión.

Al 30 de setiembre del año pasado, la deuda pública llegaba a USD 201.000 M, lo que marca un alza de 60% respecto del saldo de mediados de 2005, cuando finalizó el primer canje de deuda en default. Más de un tercio de esa deuda es con el BCRA, compuesta por las letras intransferibles que emitió el Tesoro para realizar los pagos al FMI y por los sucesivos fondos de desendeudamiento, Adelantos Transitorios y Letras del tesoro que adquirieron otros organismos públicos. Otro 12% corresponde a deuda con organismos internacionales (de los cuales el gobierno reconocía con el Club de París USD 6.100 M, entre capital e intereses no pagados, en lugar de los USD 9.700 M acordados) y el resto corresponde a títulos públicos. Vale destacar que el monto no incluye el stock de deuda que no ingresó a los canjes de deuda, que entre capital e intereses suman unos USD11.000 M.

Uno de los aspectos que diferencia la situación de otros períodos en los que la deuda pública limitaba la capacidad de hacer política económica es la mayor participación de otras entidades del sector público como acreedoras (cerca del 60%) como así también la importante participación de deuda en moneda local, que llega a 40% del total (durante la convertibilidad no alcanzaba 10%).

El blanqueo de deuda tiene varios capítulos. Primero, se acataron los fallos del tribunal del Banco Mundial que obligó a emitir USD 500 M para compensar a empresas de servicios públicos perjudicadas por el congelamiento y pesificación de tarifas en la crisis de 2001-02. Posteriormente, con Repsol se acordó una compensación de USD 6.000 M por la estatización del 51% de las acciones de YPF (el pago será con 4 bonos: USD800 M con Bonar X, USD1.250 M con Discount 33, USD 400 M con Boden 2015 y, lo más importante, la emisión del nuevo Bonar 24 por USD 3.550 M). Por último, se anunció un acuerdo con el Club de París para regularizar su situación asumiendo un pasivo de USD 9.700 M, que se pagarían en 5 años (devengando una tasa del 3% anual) que podrían extenderse en dos años, aunque con un interés de 1pp más alto..

De esta manera, tras el “ahorro” de USD 3.500 M por el no pago del cupón de PBI por la reestimación del PBI de 2013, hasta que culmine el mandato la actual administración deberá adicionar casi USD 2.400 M por la nueva deuda emitida (entre los USD1.150 M al Club de París y el capital e intereses de los bonos emitidos para pagarle a Repsol y fallos del CIADI), que se suman a los USD 16.100 M originales totalizando USD18.500 M. La cifra es manejable si se la compara con un PBI en dólares del orden de USD 500.000 M pero resulta una pesada carga si se continúa utilizando las reservas internacionales, que se ubican en USD28.500 M.

También hay que tener en cuenta que con el reconocimiento de una inflación más alta (el IPCNu del primer cuatrimestre marcó un alza anualizada de 40%), los intereses de la deuda que ajusta por CER subirían de $6.000 M a $20.000 M anuales.

El próximo paso, el “Día D” para la deuda argentina, pasa por lo que decida la semana próxima la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuanto al conflicto que mantiene Argentina con los Holdouts. El peor escenario es que la Corte rechace el caso, con lo cual quedaría firme la sentencia del Juez Grieza, que obliga a pagar la deuda reclamada por los bonistas por USD 1.330 M. Lógicamente se abrirían potenciales conflictos con el resto de los acreedores y aumentaría el riesgo de un default técnico. Un escenario menos pesimista es que la Corte solicite opinión al Procurador del Tesoro, estirando la definición hasta fin de año. Esta opción  sería un alivio dado que en aquel momento vence la cláusula que le impide a la Argentina negociar directamente con los holdouts. El escenario menos probable es que la Corte tome el caso y no avale los fallos emitidos. Habiendo pasado todas las instancias de la Justicia, las cartas están echadas y el gobierno sólo puede esperar.

La apuesta es retornar a los mercados de deuda para alejar los problemas de liquidez. El contexto global juega a favor dado que las tasas de interés se mantienen muy bajas, los rendimientos de los bonos argentinos son muy tentadores y Vaca Muerta comienza a asomar como una gran oportunidad. Bajo la mirada del gobierno, los mercados de crédito internacionales aportarían los dólares necesarios para apuntalar las reservas del BCRA y le quitarían la presión del ajuste fiscal. Pero, con un déficit que ya ronda 4% del PBI, para evitar errores del pasado y darle sustentabilidad a la deuda, el gobierno debería encarar una política de ordenamiento de las cuentas públicas. La experiencia indica que este tipo de correcciones difícilmente las encare un gobierno en retirada.

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